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Valor por Dinero en la Ley 32069: Más Allá del Menor Precio
Un Giro en la Contratación Pública con la Ley 32069
La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069, publicada el 24 de junio de 2024, marca un cambio fundamental en la forma en que el Estado peruano adquiere bienes, servicios y obras.
Esta reforma, impulsada por recomendaciones internacionales como las de la OCDE, busca la modernización y la profesionalización de la gestión pública.
En el centro de este nuevo marco normativo se encuentra el Principio de Valor por Dinero (Value for Money o VpD), un concepto novedoso que exige a las entidades dejar de lado la histórica priorización del menor precio para centrarse en obtener la propuesta más ventajosa y sostenible para el interés público.
El Valor por Dinero no es solo una adición a la lista de principios de la Ley de Contrataciones, es la base fundamental que redefine el objetivo de la compra estatal.
¿Qué es el Principio de Valor por Dinero?
El Valor por Dinero (VpD), establecido en el literal c) del artículo 5 de la Ley 32069, orienta a las entidades a maximizar el valor de lo que se obtiene en cada contratación.
Esto implica un enfoque integral que va Más Allá del Menor Precio, asegurando que la contratación cumpla con la finalidad pública. En términos prácticos, el VpD es la selección basada en la combinación idónea entre precio y calidad, o costo-beneficio, a lo largo del tiempo.
Los Pilares del Valor por Dinero: Eficiencia, Eficacia y Economía
El principio de Valor por Dinero se articula en tres términos clave:
- Eficiencia y Eficacia: Las entidades contratantes deben actuar de manera eficiente y eficaz para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos objetivos sobre formalidades no esenciales. La eficiencia implica una buena relación entre el esfuerzo y el resultado (uso óptimo de los recursos), mientras que la eficacia implica que la necesidad quede realmente satisfecha.
- Economía: Se refiere a optimizar el uso de los recursos públicos.
Rompiendo el Paradigma del Menor Precio
El enfoque anterior de la Ley de Contrataciones se centraba muchas veces en la oferta más baja. El VpD busca evitar que «lo barato salga caro». La ley ahora exige considerar múltiples factores, no solo el costo inmediato:
- Calidad: La entidad debe contratar a quien asegure la calidad del bien, servicio u obra. Por ejemplo, en lugar de comprar una impresora de modelo antiguo, se debe buscar la tecnología más vigente que cumpla con efectividad la finalidad pública.
- Sostenibilidad de la Oferta: Se evalúa la capacidad del proveedor para mantener la prestación y la calidad a largo plazo.
- Evaluación de Costos y Plazos: Se considera el ciclo de vida útil del bien, evaluando no solo el costo de adquisición sino también los costos futuros de operación y mantenimiento. Esto requiere un análisis de costo-beneficio.
- Otros Aspectos: Incluye cualquier factor vinculado a la naturaleza de lo que se contrate. Esto incluso puede abarcar objetivos de política pública, como promover la empleabilidad femenina en una zona donde se ejecuta una obra.
Implementación Clave del Valor por Dinero en el Proceso de Contratación
El principio de Valor por Dinero debe regir todas las etapas del proceso de contratación: Actuaciones Preparatorias, Selección y Ejecución Contractual.
1.- En las Actuaciones Preparatorias (Planificación)
El Valor por Dinero se aplica desde el inicio, especialmente en la elaboración del requerimiento [46.1, 67, 354, 355] y la Estrategia de Contratación.
- Requerimiento de Calidad: El requerimiento se debe formular de manera clara y objetiva, expresando el bien, servicio u obra preferentemente en función a su desempeño y funcionalidad [46.4, 67]. El VpD debe aplicarse expresamente en los documentos del expediente de contratación [46.4, 67].
- Estrategia de Contratación: Esta es el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación. La Estrategia debe ser elaborada por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC), y busca reorientar el proceso para maximizar el valor de los recursos públicos.
- Interacción con el Mercado: Ya no se trata solo de una indagación de precios, sino de una "interacción con el mercado". Esta permite perfeccionar el requerimiento, evaluar la oferta disponible y medir riesgos, asegurando así la obtención de la propuesta más ventajosa conforme al Valor por Dinero.
2.- En la Fase de Selección (Evaluación)
El Valor por Dinero es decisivo en la evaluación de las ofertas:
- Selección de la Oferta más Ventajosa: La adjudicación se debe realizar en favor de la oferta más conveniente para la entidad, alineada al Principio de Valor por Dinero. El reglamento establece que los factores de evaluación deben tener como objetivo seleccionar la mejor oferta conforme al Valor por Dinero.
- Discrecionalidad y Sustento: Este principio autoriza a los evaluadores a seleccionar una alternativa que no sea la de menor precio, si la calidad o las características técnicas aseguran un mejor cumplimiento del fin público.
Valor por Dinero como Herramienta para el Funcionario
El Valor por Dinero brinda una herramienta de gestión y defensa crucial para los funcionarios que toman decisiones:
- Justificación Técnica: Los funcionarios, guiados por el rigor técnico, pueden sustentar la selección de una propuesta más costosa si esta maximiza el valor de los recursos públicos a largo plazo. Por ejemplo, se evita la denuncia penal o el proceso disciplinario por "coimas" al justificar la contratación de una empresa seria y con experiencia, aunque su oferta no sea la más barata.
- Mitigación de Riesgos: El VpD ayuda a medir riesgos de fracaso o de que el procedimiento se declare desierto, fomentando que la contratación se ejecute de manera oportuna y eficiente. Esto contrarresta la mala praxis histórica de adjudicar basándose únicamente en el precio, lo cual a menudo resultaba en el fracaso o la paralización de la obra o servicio (ejemplo de puentes que se desploman o desabastecimiento de medicamentos).
La Ley de Contrataciones al Servicio del Ciudadano
La incorporación del Principio de Valor por Dinero en la Ley 32069 refleja la intención del Estado de modernizar sus adquisiciones y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera estratégica.
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