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Obras Paralizadas en el Perú: Radiografía de una Crisis de S/ 73 Mil Millones y la Ruta Legal para Reactivarlas
El sector público peruano atraviesa un momento que especialistas han calificado como «catastrófico»: un Estado percibido como gigante, lento e incapaz de responder con eficiencia a las necesidades de la ciudadanía. Ningún síntoma expone mejor esta crisis que el inventario de obras paralizadas en el Perú, un problema que, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República a marzo de 2026, ya supera los S/ 73 mil millones en inversión detenida.
En este artículo te explicamos las causas detrás de esta paralización, cómo se distribuyen las obras por nivel de gobierno y departamento, y cuál es el mecanismo legal la Ley N.º 31589 que hoy permite reactivar cientos de proyectos estancados.
¿Cuáles son las principales causas de paralización de obras públicas?
De acuerdo con la Contraloría, la paralización de inversiones no responde a un solo factor, sino a una combinación de fallas técnicas, financieras y de gestión:
1.- Incumplimientos contractuales (27.6%): la causa principal de paralización a nivel nacional.
2.- Falta de recursos financieros y liquidez (24.2%): refleja fallas estructurales en la planificación presupuestaria.
3.- Deficiencias en el expediente técnico (9.1%): errores en los estudios iniciales que hacen que el expediente pierda validez con el tiempo.
4.- Discrepancias, controversias y arbitrajes (9.1%): disputas legales entre el Estado y los contratistas que traban la ejecución.
5.- Factores estructurales y burocracia: procedimientos redundantes, una «frondosa burocracia» y la contratación de personal no calificado que debilita la tecnocracia estatal.
Obras paralizadas por nivel de gobierno: los números clave
Al 31 de marzo de 2026, el Perú registra 2,241 obras paralizadas a nivel nacional, con una inversión actualizada que supera los S/ 73 mil millones. Así se distribuyen:
Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, es el Gobierno Nacional el que administra el monto de inversión más alto por obra, lo que revela la magnitud de los proyectos de infraestructura nacional paralizados.
Geográficamente, los departamentos más afectados son Cusco (338 obras), Puno (221 obras) y Áncash (188 obras).
Por sectores, Transportes y Comunicaciones lidera con 626 obras paralizadas (36.4%), seguido de Vivienda, Construcción y Saneamiento (19.7%).
El problema del presupuesto: 7 de cada 10 obras no tienen fondos para 2026
Uno de los datos más preocupantes del diagnóstico es presupuestal: de las 2,241 obras paralizadas, solo 689 (30.7%) cuentan con presupuesto asignado (PIM) para el año 2026. Esto significa que cerca del 70% de los proyectos no tiene recursos programados para continuar su ejecución este año.
El impacto no es solo económico: se estima que de cada 5 puntos del PBI invertidos, 2 se desperdician por ineficiencia en la inversión pública, retrasando el cierre de brechas sociales urgentes como el acceso a agua potable y educación.
Ley N.º 31589: el mecanismo legal para reactivar obras paralizadas
Frente a este panorama, el marco normativo peruano ha desarrollado herramientas concretas. La más relevante es la Ley N.º 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas y establece requisitos claros según la modalidad de ejecución:
- Obras por contrata: avance físico igual o mayor al 40% y al menos seis meses de paralización, o provenir de un contrato resuelto o declarado nulo.
- Administración directa: avance físico mínimo del 50% y más de seis meses sin ejecución reportada.
El proceso exige que cada entidad elabore un inventario detallado y un informe de estado situacional con análisis técnico, legal y financiero que determine las partidas faltantes para culminar la obra.
A marzo de 2026, ya existen 1,179 obras aptas para acogerse a este mecanismo de reactivación, aunque un porcentaje importante todavía no cuenta con el informe de estado situacional necesario para activarlo.
Más allá de la ley: la reforma pendiente
Como advierte el propio diagnóstico, reactivar miles de obras paralizadas no depende únicamente de nuevas leyes. Requiere una reforma de la carrera pública, mayor transparencia en las contrataciones y una simplificación de procesos que permita que la inversión pública se traduzca, finalmente, en bienestar real para la población.
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