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Ley de Contrataciones N.° 32069 y el JPRD este 2026
La entrada en vigencia progresiva de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, representa uno de los cambios más importantes en la Ley de Contrataciones del Estado peruano en los últimos años. Esta nueva normativa no solo redefine procedimientos, sino que introduce una visión moderna de la gestión contractual, centrada en la prevención de conflictos, la eficiencia en la ejecución y el uso responsable de los recursos públicos.
En este nuevo escenario, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) adquiere un rol estratégico, especialmente a partir del año 2026, cuando culmina el periodo de adecuación normativa y se consolida su aplicación obligatoria.
De la reacción al enfoque preventivo en la Ley de Contrataciones
Tradicionalmente, la gestión de controversias en la contratación pública se activaba cuando el conflicto ya estaba avanzado, generando retrasos, arbitrajes costosos y, en muchos casos, paralización de obras.
La Ley 32069 rompe con esta lógica reactiva y promueve un enfoque preventivo, donde los problemas se atienden desde sus primeras señales.
La JPRD es el instrumento que materializa este cambio de paradigma, permitiendo acompañar la ejecución contractual desde el inicio del proyecto.
2026: El punto de quiebre en la aplicación de la JPRD
La Ley General de Contrataciones Públicas establece un cronograma claro para la implementación obligatoria de la JPRD:
- Periodo de transición (hasta el 31 de diciembre de 2025): Las instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD deben cumplir con los requisitos normativos e inscribirse formalmente.
- Inicio de la obligatoriedad (1 de enero de 2026): Las entidades públicas deberán designar adjudicadores exclusivamente de las nóminas registradas ante las instituciones inscritas.
Este hito normativo busca garantizar idoneidad, transparencia y trazabilidad en la designación de quienes resolverán controversias técnicas y contractuales.
¿Qué es la JPRD según la Ley 32069?
Bajo la nueva Ley de Contrataciones, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es un órgano técnico independiente que acompaña la ejecución de determinados contratos, principalmente de obras, con tres objetivos claros:
1. Prevención de controversias
La JPRD no espera que el conflicto escale. Su función principal es anticiparse, promoviendo el diálogo y la comprensión entre las partes.
2. Atención de consultas técnicas y contractuales
Durante la ejecución del contrato, las partes pueden plantear consultas que la JPRD absuelve de manera técnica, oportuna y documentada.
3. Resolución de disputas
Cuando surge una controversia, la JPRD emite decisiones obligatorias y de cumplimiento inmediato, lo que permite mantener la continuidad del proyecto.
Si ninguna de las partes impugna la decisión vía arbitraje dentro de los 20 días hábiles, esta adquiere mérito ejecutivo, fortaleciendo la seguridad jurídica.
La JPRD que evitará obras paralizadas
Uno de los mayores problemas en la contratación pública ha sido, históricamente, la paralización de obras debido a controversias técnicas o contractuales no resueltas a tiempo.
La Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, responde a esta realidad incorporando un mecanismo clave: la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).
A partir del año 2026, la JPRD se convierte en una herramienta decisiva para evitar que los conflictos frenen la ejecución de obras públicas.
¿Por qué se paralizan las obras públicas?
Bajo el antiguo enfoque de la Ley de Contrataciones, muchos proyectos se detenían porque:
- Los desacuerdos técnicos no se resolvían oportunamente.
- Las controversias escalaban directamente a arbitrajes largos y costosos.
- No existía un acompañamiento técnico permanente durante la ejecución.
- Las decisiones se postergaban, generando sobrecostos y retrasos.
La Ley 32069 cambia esta lógica al priorizar la prevención del conflicto antes que su judicialización.
La JPRD: un mecanismo preventivo, no reactivo
La JPRD no espera que el problema explote. Su función principal es anticiparse, acompañando la ejecución contractual desde el inicio del proyecto.
Según la nueva Ley de Contrataciones, la JPRD permite:
- Identificar riesgos contractuales desde las primeras etapas.
- Resolver consultas técnicas en tiempo real.
- Emitir decisiones inmediatas ante controversias.
- Mantener la continuidad del proyecto sin detener la obra.
Este enfoque preventivo es clave para evitar paralizaciones innecesarias.
Decisiones que se cumplen y mantienen la obra en marcha
Uno de los aportes más importantes de la JPRD, según la Ley 32069, es que sus decisiones son:
- Obligatorias para las partes.
- De cumplimiento inmediato.
- Ejecutables si no son impugnadas vía arbitraje en 20 días hábiles.
Esto permite que la obra continúe mientras las partes resuelven sus diferencias, evitando largos periodos de inactividad.
JPRD obligatoria desde el inicio del contrato
La nueva Ley de Contrataciones Públicas establece que:
- La conformación de la JPRD es requisito para iniciar el plazo de ejecución.
- Debe suscribirse un contrato tripartito entre entidad, contratista y adjudicadores.
- La JPRD es obligatoria en obras iguales o mayores a S/ 10 millones.
De esta manera, el mecanismo acompaña al proyecto desde el primer día, no cuando el problema ya es crítico.
OECE, REGAJU y Mayor Control Institucional
La Ley 32069 fortalece el rol del OECE, que administra el REGAJU, asegurando que:
- Los adjudicadores provengan de nóminas registradas.
- Las instituciones de JPRD cumplan estándares técnicos.
- Exista supervisión y sanción ante incumplimientos.
Este control institucional garantiza confianza y profesionalismo en la resolución de disputas.
Evitar paralizaciones también es cuidar el dinero público
Cada obra paralizada representa:
- Pérdida de recursos públicos.
- Afectación directa a la ciudadanía.
- Retrasos en servicios e infraestructura.
- Mayores costos de reactivación.
La JPRD, bajo la Ley de Contrataciones 32069, contribuye directamente al principio de Valor por Dinero, asegurando que los proyectos se ejecuten de manera continua y eficiente.
La JPRD como “seguro de continuidad del proyecto”
Más que un mecanismo legal, la JPRD actúa como un seguro de continuidad.
Está presente para:
- Prevenir conflictos.
- Resolverlos sin detener la obra.
- Proteger la inversión pública.
- Asegurar que los proyectos lleguen a su finalidad.
La JPRD que evitará obras paralizadas es una de las herramientas más importantes de la Ley 32069. Su correcta implementación desde 2026 marcará la diferencia entre proyectos que se detienen y proyectos que se culminan.
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