En el Perú, hablar de gestión pública es también hablar de desigualdad. No solo en los resultados que los ciudadanos perciben, sino en las condiciones internas que enfrentan las entidades estatales para brindar servicios eficientes y oportunos. Las brechas regionales en la calidad de la gestión pública no son solo un reflejo de diferencias geográficas o económicas: tienen una raíz profunda en las capacidades humanas, técnicas e institucionales de cada gobierno subnacional.
Una de las principales causas es la disparidad en el desarrollo de capacidades entre regiones. Mientras algunas entidades cuentan con personal capacitado, recursos tecnológicos y una cultura organizacional orientada a resultados, otras luchan día a día con la alta rotación de personal, la falta de conocimientos técnicos actualizados y una limitada visión estratégica. Esto genera una administración pública fragmentada, donde el acceso a servicios de calidad depende, muchas veces, del lugar donde uno vive. La descentralización, si bien fue pensada como una oportunidad para acercar el Estado al ciudadano, ha evidenciado vacíos estructurales en la preparación de los gobiernos regionales y locales para asumir mayores responsabilidades. La autonomía no siempre ha venido acompañada del soporte necesario en términos de formación profesional y asistencia técnica.
Las capacidades no se limitan al conocimiento técnico de normas o procedimientos. Van más allá: abarcan habilidades de liderazgo, toma de decisiones basadas en evidencia, innovación, trabajo en equipo y orientación al ciudadano. Son estas competencias las que permiten que un funcionario público no solo cumpla con su rol, sino que lo transforme.
En ese sentido, el desarrollo de capacidades en el sector público debe verse como una inversión, no como un gasto. Formar a los servidores del Estado es fortalecer la institucionalidad, la eficiencia y, sobre todo, la confianza ciudadana.
Si bien existen iniciativas valiosas lideradas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y otras entidades, aún hay un largo camino por recorrer para lograr una oferta formativa descentralizada, pertinente y articulada a las necesidades reales del territorio. Muchas regiones no tienen acceso permanente a programas de capacitación especializados. Otras enfrentan barreras como la escasa conectividad digital, la falta de horarios flexibles o la ausencia de contenidos adaptados a sus contextos. Esta situación perpetúa una brecha: quienes más necesitan formación, son muchas veces los que menos la reciben. Por ello, la formación continua debe repensarse desde una mirada más inclusiva y territorial. No se trata solo de replicar cursos virtuales o presenciales, sino de diseñar estrategias que respondan a las capacidades existentes, a los perfiles institucionales y a las demandas específicas de cada región.
Ignorar estas disparidades perpetúa una gestión pública desigual, donde algunas regiones avanzan mientras otras se rezagan. Las consecuencias son evidentes: proyectos mal formulados, servicios deficientes, baja ejecución presupuestal y, lo más grave, una ciudadanía que pierde la fe en el Estado.
Si no invertimos en las personas que hacen funcionar al aparato estatal, cualquier intento de reforma estructural quedará incompleto. Los funcionarios públicos son el motor del cambio. Pero ese motor necesita estar preparado, actualizado y motivado.
Desde Desarrollo Global, reafirmamos nuestro compromiso con la formación especializada y continua de los servidores públicos del país. Entendemos que cerrar las brechas regionales no es tarea de unos pocos, sino una responsabilidad compartida.
Promover una gestión pública más justa, eficiente y descentralizada exige un esfuerzo sostenido por profesionalizar el servicio civil en todos los rincones del Perú. Y en ese camino, la capacitación juega un rol central.
Porque cuando un funcionario se capacita, no solo mejora su desempeño: transforma la realidad de miles de ciudadanos que dependen de un Estado más cercano, más competente y más humano.
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