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SEACE 3.0 y PERÚ COMPRAS: Guía sobre la nueva Ley de Declaración Jurada 2026
El Congreso aprobó en primera votación la Ley de Gestión Integral de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas. Descubre cómo impacta directamente en las contrataciones públicas y por qué capacitarse es tu mejor escudo legal.
En el ecosistema de la gestión pública peruana, la transparencia dejó de ser opcional. Si operas en el SEACE 3.0, gestionas catálogos en PERÚ COMPRAS o participas en procesos de selección bajo la Ley N° 32069, esta nueva normativa redefine las reglas del juego —y también eleva el estándar profesional que se te exigirá.
¿Qué aprobó el Congreso y por qué te afecta?
El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, la Ley de Gestión Integral de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, y de la Declaración Jurada de Intereses. No se trata de un trámite administrativo más: es una reforma estructural que apunta al corazón de la integridad pública
Alcance universal
Desde el Presidente hasta servidores que intervienen en contrataciones y toma de decisiones presupuestales.
100% digital
Las declaraciones se presentarán exclusivamente mediante el sistema informático de la Contraloría General de la República.
Carácter preventivo
La Declaración Jurada de Intereses se incorpora antes de que el servidor asuma funciones, para identificar conflictos de interés a tiempo.
Interoperabilidad
Los sistemas del Estado podrán cruzar datos entre sí. Lo que registras en el SEACE será verificable por múltiples organismos.
Cómo impacta esta ley en SEACE 3.0 y PERÚ COMPRAS
Si cursas o ya cuentas con nuestro Diploma en SEACE 3.0 y PERÚ COMPRAS, reconocerás de inmediato por qué esta normativa no es teoría: es tu realidad operativa diaria.
PERÚ COMPRAS y el carácter de Declaración Jurada en catálogos
Según las reglas de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el registro de stock que realizan los proveedores ya tiene carácter de declaración jurada. PERÚ COMPRAS puede excluir a un proveedor de todos los acuerdos vigentes si consigna información falsa. La nueva ley refuerza este ecosistema de integridad que la Central de Compras Públicas creada mediante el Decreto Legislativo N° 1018 sostiene como principio fundacional.
SEACE 3.0 como nodo central de verificación
El SEACE es el corazón de las transacciones electrónicas en contrataciones públicas. Con la nueva ley, la interoperabilidad entre entidades significa que cualquier dato que registres —como funcionario o proveedor— podrá ser verificado en tiempo real por la Contraloría y otros organismos de control. La trazabilidad ya no es opcional.
Transparencia como garantía de acceso ciudadano
Tanto el SEACE como la nueva ley convergen en un mismo objetivo: que la Sociedad Civil y los organismos de control accedan a datos reales para fiscalizar el gasto público. Esto eleva la responsabilidad de cada operador, sin excepciones.
«La veracidad de la información no es un valor agregado en la gestión pública: es el requisito mínimo para no incurrir en responsabilidad administrativa o penal.»
El nuevo mapa legal que todo gestor debe dominar
La nueva Ley de Declaraciones Juradas no opera en el vacío. Se integra a un ecosistema normativo que se está renovando de forma acelerada. Aquí el cuadro completo:
Riesgos reales si no te capacitas
La complejidad normativa actual no perdona la ignorancia. Operar en el SEACE o en PERÚ COMPRAS sin conocer el marco legal vigente puede derivar en:
- Sanciones administrativas por omisiones o datos incorrectos en registros con carácter de DDJJ
- Exclusión de catálogos y acuerdos marco para proveedores
- Responsabilidad penal por declaraciones falsas ante la Contraloría
- Nulidad de procesos de selección por vicios formales imputables al operador
¿Por qué capacitarse ahora es más urgente que nunca?
Con la entrada en vigor de la Ley N° 32069 y su reglamento, los procedimientos de selección Licitación Pública, Concurso Público, Subasta Inversa Electrónica exigen un nivel de especialización que no se improvisa. La nueva Ley de Declaraciones Juradas añade otra capa: la gestión de la integridad ya no es responsabilidad exclusiva de los jefes de área, sino de cada operador que interviene en el proceso.
No basta con conocer la herramienta. Hay que entender el marco legal para operar con seguridad jurídica, proteger a tu entidad y desarrollar una carrera sin riesgos innecesarios.
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