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El Control de Calidad en la Justicia Contractual: El Nuevo Rol del OECE hacia 2026
La Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) marca un cambio de paradigma: la contratación estatal deja de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una función estratégica basada en el principio de Valor por Dinero (VFM).
En este nuevo ecosistema, la solución de controversias no es la excepción.
El año 2026 será el primer ejercicio fiscal completo bajo estas reglas, y el OECE (que reemplaza al OSCE) asumirá por primera vez la potestad de supervisar y sancionar directamente a las Instituciones Arbitrales y a los Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD).
El REGAJU: La Llave Maestra del Control
Para administrar un arbitraje o una JPRD, las instituciones deben estar inscritas obligatoriamente en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de JPRD (REGAJU).
- Requisitos estrictos: Deben ser personas jurídicas con al menos cinco años de experiencia en administración de procesos.
- Certificaciones de élite: Para contratos que superen las 2,000 UIT (aprox. S/ 10.7 millones), los centros deben contar con certificaciones internacionales de gestión de calidad y antisoborno.
¿Qué se considerará una infracción? (Ejemplos Prácticos)
La ley tipifica conductas específicas que antes quedaban en un «limbo» regulatorio. Aquí algunos supuestos que activarán la potestad sancionadora del OECE:
- Ejemplo de falta de transparencia: Si un Centro de Arbitraje no publica en la plataforma PLADICOP un laudo o una decisión de la JPRD dentro del plazo legal, será sancionado.
- Ejemplo de falta de idoneidad en nóminas: Si la institución incorpora en su lista de árbitros a un profesional que no acredita los tres años de experiencia específica en contratación pública exigidos por ley, comete una infracción.
- Ejemplo de quiebre de integridad: Si el personal de un centro administrativo permite o encubre que un adjudicador de la JPRD acepte una "ventaja" de un proveedor para favorecerlo en una decisión técnica, la institución enfrentará sanciones gravísimas.
Las Sanciones: El «Diente» de la Norma
El OECE ya no solo hará recomendaciones; ahora tiene la facultad de imponer:
- Amonestación escrita: Para faltas leves por primera vez.
- Multas: Entre 1 y 5 UIT.
- Retiro temporal del REGAJU: De 3 a 36 meses, lo que les prohíbe administrar nuevos procesos.
- Exclusión definitiva: El "despido" permanente del sistema de compras públicas por reincidencia en faltas graves.
Lo que se viene en 2026
El año 2026 es el hito de consolidación por dos razones fundamentales:
- Órganos Instructores: A más tardar en el primer trimestre del año fiscal 2026, el OECE debe haber implementado plenamente las autoridades instructoras para los procedimientos sancionadores. Esto garantiza que la fase de investigación y la de sanción estén separadas, elevando el estándar del debido proceso.
- Ranking de Desempeño: Anualmente, se publicará en PLADICOP un ranking de las instituciones con mejor desempeño, incentivando la competencia por calidad.
Contexto de las Contrataciones en 2026
Bajo la nueva ley, las entidades aplicarán la segmentación de sus compras (Rutinarias, Operacionales, Críticas y Estratégicas).
Esto significa que, si un proyecto estratégico termina en disputa, el OECE estará vigilando que el centro arbitral elegido por las partes (requisito obligatorio para firmar contrato) cumpla con los estándares de eficiencia prometidos.
La supervisión del OECE sobre los centros arbitrales actúa como el panel de control de una torre de navegación aérea.
El OECE no pilota el avión (no dicta los laudos), pero se asegura de que los radares (la transparencia), los motores (la ética) y la tripulación (los árbitros) estén certificados y operativos.
Si se detecta una falla técnica o ética, tiene el poder de «poner el avión en tierra» (suspender al centro) para proteger a los pasajeros, que en este caso es el interés de todos los peruanos.
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