La nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069), publicada en 2024, entrará en vigencia el 23 de abril de 2025. Esto se debe a que, según su reglamento, la ley comenzará a aplicarse a los 90 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación del Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N° 009-2025-EF), que fue publicado el 22 de enero de 2025 en el Diario Oficial El Peruano.
Recientemente se ha promulgado una nueva normativa en materia de contrataciones públicas en el Perú. El 22 de enero de 2025, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
Este reglamento establece los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a las disposiciones de la mencionada ley, con el objetivo de regular y optimizar las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado. La Ley N° 32069 tiene como finalidad maximizar el uso de los recursos públicos en términos de eficacia, eficiencia y economía, asegurando que las contrataciones públicas contribuyan al cumplimiento de los fines estatales y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.
Es importante destacar que, según la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32069, esta entrará en vigencia a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de su reglamento. Por lo tanto, se espera que la nueva ley y su reglamento entren en vigor en abril de 2025.
Esta nueva normativa introduce cambios significativos en el proceso de contratación pública, buscando una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado.
Ley General de Contrataciones Públicas, Ley Nº 32069
La nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) introduce un marco normativo integral que busca optimizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en las contrataciones estatales. Entre sus novedades más relevantes destaca la implementación de modalidades como las compras centralizadas, compras corporativas y subastas inversas electrónicas, lo que promete mejorar la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios. También se pone énfasis en la inclusión de criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, promoviendo contrataciones responsables. Además, se refuerzan los mecanismos de supervisión y sanción a través del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), que adquiere un rol clave en garantizar la legalidad y efectividad de los procesos de contratación.
Puntos clave de los nuevos cambios en la ley:
Criterios de sostenibilidad:
La Ley incorpora la sostenibilidad económica como eje central en los procesos de contratación.
Nuevas modalidades de contratación:
Se introducen las compras centralizadas, corporativas y subastas inversas electrónicas para mejorar la eficiencia.
Fortalecimiento de la transparencia:
Se exige mayor publicidad y acceso a la información de los procesos de contratación mediante la plataforma digital PLADICOP.
Rol del OECE:
Se designa al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes como supervisor clave del sistema.
Promoción de MYPEs y proveedores locales:
Se busca fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, promoviendo el desarrollo económico regional.
Profesionalización de compradores públicos:
La ley impulsa la certificación y capacitación de los responsables de las contrataciones.
Gestión de riesgos:
Introducción de procesos dinámicos para identificar, mitigar y gestionar riesgos en todas las etapas de contratación.
Cambios en las garantías de pago
La nueva normativa permite a las entidades retener un porcentaje del pago como garantía. Esta medida busca reducir incumplimientos y fortalecer la seguridad en los acuerdos.
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley Nº 32069
La Ley N° 32069 marca un avance significativo en la modernización del sistema de contrataciones públicas en el Perú. Al priorizar la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia, esta normativa no solo optimiza el uso de los recursos públicos, sino que también fomenta la participación inclusiva y responsable en los procesos de adquisición estatal. Con estas medidas, se espera un impacto positivo en la gestión pública y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
